En cada cambio de gobierno, se pone de moda el tema del “crédito justo e inclusivo”. Muchos políticos, intentan hacernos creer que el microcrédito es una solución mágica, que contribuirá decididamente con la superación de la pobreza y la exclusión.

En este reiterativo escenario quinquenal, es importante tener en consideración que el crédito es sólo un instrumento, una herramienta; no es, de ninguna manera una receta mágica que logrará que los pobres dejen de serlo. Cualquier analista junior de créditos conoce perfectamente la regla de oro de las microfinanzas: es necesaria la existencia previa de una actividad económica rentable que permita el posterior repago del crédito otorgado. Por tal motivo, lo primero que evalúa un analista de créditos es el negocio, su viabilidad y su rentabilidad. El negocio tiene que generar un excedente suficiente para cubrir con las necesidades básicas del emprendedor, permitir la capitalización y el crecimiento del negocio y, adicionalmente, cubrir el pago de los intereses que se generan con el crédito. La no existencia de esta “actividad rentable”, condena al microcrédito al fracaso.

Quizás la experiencia más negativa y de peor recordación en el país, en el tema crediticio, ha sido el “crédito cero”, que implementó el primer gobierno aprista en el Trapecio Andino. Se intentó reactivar la economía agrícola de la zona mediante la entrega de créditos a “tasa de interés cero”; en un contexto de hiperinflación, el crédito entregado, en la práctica fue una transferencia directa no condicionada. Los campesinos beneficiarios, mayormente en situación de subsistencia, estaban excluidos del mercado, con producciones precarias y difícilmente comercializables, más aún en medio de la violencia política. Los “créditos” fueron, finalmente, una simple transferencia de dinero. Podría afirmarse, que este modelo de crédito agrario fue una versión pre moderna del actual Programa Juntos, pero con efecto pernicioso y contra producente. Se inculcó entre el campesinado  una cultura de no pago, en particular al Estado, lo que aún hoy es uno de los obsatáculos para la llegada del microcrédito sano a esa población.

Hoy, el gobierno intenta “masificar” el microcrédito, en dos frentes, el urbano y el rural. Se pretende que el Banco de la Nación ingrese a las microfinanzas urbanas de primer piso, a pesar de que el país es líder en microfinanzas a nivel mundial, con una cobertura urbana amplia, diversidad de productos crediticios y tasas de interés que se han reducido dramáticamente durante la última década, de un promedio de 100% hace diez años a su nivel actual promedio de 30% y que continúa con una tendencia a la baja por efecto de la intensa competencia y por el constantes aumento en el eficiencia del sector. Se olvida, que las Cajas Municipales que son instituciones del Estado, ya lideran el sector y, adicionalmente, que el perfil de funcionario requerido para operar microcréditos, es muy distinto al del servidor público del Banco de la Nación. Desde el uso de oficinas compartidas, hasta la subasta de fondos de segundo piso, hay muchas formas de contribuir con el sistema, sin fomentar el ingreso de un nuevo actor que sólo podría generar desequilibrios.

En lo referido al crédito agropecuario, la situación es mucho más compleja. Si analizamos la situación de los productores agropecuarios en el país, encontraremos que una importante parte de los mismos aún subsisten en condiciones que los marginan del mercado crediticio. Para este segmento, programas de transferencias condicionadas (Juntos), de asistencia técnica y subsidio parcial de bienes e insumos (Agrorural), de capacitación y empoderamiento (Sierra Productiva), son los instrumentos adecuados para generar el tránsito de estos productores hacia una situación productiva que permita la operación de programas de financiamiento.
Sin embargo, en el sector agrícola, no todo es negativo. La llegada de caminos, carreteras, telecomunicaciones, asociaciones de productores, cooperativas y redes de comercialización permiten que hoy, diversos sectores del mercado agrícola empiecen a ser eficientes y rentables: productores de café, caña de azúcar, cacao, quinua, maíz, palta, y decenas de diversos productos orientados al mercado local o de exportación. En paralelo al desarrollo de estos sectores, van surgiendo nuevas alternativas y oportunidades de financiamiento, desde cooperativas de ahorro y crédito hasta instituciones financieras supervisadas.

El crédito progresa cuando la economía crece, en una sinergia que genera múltiples beneficios para los emprendedores y empresarios, pero también para los agentes financieros. Si se desea desarrollar el mercado financiero para el sector rural, es indispensable que exista un sector rural en crecimiento, sano y eficiente. Son para ello necesarios varios pasos previos: identificación de mercados, información oportuna a los productores, comunicaciones, transferencia de tecnología, fomento de la asociatividad, eficiencia y productividad; todas estas actividades que pueden y deben ser atendidas por el sector público. Las microfinanzas, llegan solas.



Nelson Torres