La propuesta de que la empresa pública Activos Mineros se dedique a la compra y venta de oro (y posiblemente tenga plantas metalúrgicas), como parte de la solución a la minería ilegal, no tiene sentido. Entendemos el entusiasmo del Ministro Jorge Merino respecto a las posibilidades empresariales de una empresa de la que fue director hasta el momento de su nombramiento como ministro.

El procesamiento y comercialización de oro tiene múltiples agentes (formales e informales) por lo que no se aplicaría el principio de subsidiaridad que establece la Constitución de 1993. En realidad se crearía una nueva empresa pública para lo cual se debe tener aprobación expresa del Congreso, que tiene entre sus representantes a connotados dirigentes de los mineros ilegales. Si observamos con atención los nombramientos en el Ejecutivo, con esta administración ingresaron personas relacionadas con la minería ilegal que ocupan puestos expectantes por “cuota partidaria” y no por sus pergaminos profesionales.

Activos Mineros se crea sobre la base de la Empresa Regional Grau Bayóvar S.A., con la finalidad de “concentrar esfuerzos en remediación ambiental y en apoyo y seguimiento de las  labores de post-privatización, según lo establecido en los contratos de transferencia de las ex unidades y/o proyectos mineros del Estado”. Mediante Decreto Supremo No. 058-2006-EM (4/10/2006), el Estado encargó a Activos Mineros S.A.C. la “conducción de la ejecución de los proyectos de remediación ambiental que estuvieron a cargo de Centromin Perú S.A. y otras empresas del Estado, según lo dispuesto en el D.S. 022-2005-EM”.

Hasta el momento la empresa ha participado en la remediación de pasivos (aunque no necesariamente ha culminado su intervención) en: Casapalca, Tablachaca, Morococha, Complejo Minero La Oroya, Depósito de relaves Ocroyoc (Pasco), Yauricocha, San Antonio de Poto. En cartera se tienen los depósitos del Callao (contaminación de plomo), el cable carril Yauricocha-Chauca, la descontaminación de los ríos San Juan y el Delta de Upamayo (Lago Junín), cierre de Azalía-Pucará y Quiulacocha Excélsior (ambos en Pasco) y Michiquillay (Cajamarca). ¿Qué tiene que ver esto con la compra y venta de oro (y posiblemente, la labor de metalurgia aurífera)?

Activos Mineros es una empresa que tiene S/.141.26 millones de patrimonio y una deuda de 16,110´800,000 yenes con la Japan International Cooperation Agency (JICA) de acuerdo al DS N°130-96-EF por el 75% del proyecto Yucan (es decir, US$ 202´600,603.62 de acuerdo a la cotización del 5 de julio). De acuerdo a la Memoria Anual 2011, “la empresa ejecutó gastos operativos y de proyectos de remediación ambiental por un monto ascendente a S/.22.7 millones; esta cifra representa el 92.48% del presupuesto anual de S/. 24.57 millones, según la segunda modificación del presupuesto y plan operativo 2011”. ¿Una empresa de éstas características se hará cargo de un negocio que se estima en US$ 2,300 millones al cierre del año 2011?

Por otro lado, al cierre de las inscripciones para iniciar un proceso de formalización, el 18 de junio pasado, se inscribieron 64,933 mineros artesanales a nivel nacional (12,535 utilizaron el sistema virtual y 52,398 lo hicieron en físico). A todas luces se han inscrito un sexto de los mineros que las dirigencias gremiales dicen representar. Sorprende que el primer departamento con el mayor número de inscripciones sea Ayacucho (14,561), seguido de Arequipa (13,884) y Puno (10,815). Madre de Dios aparece en quinto lugar con 3,785 inscripciones a pesar que se sabe que es el departamento donde se concentra el mayor número de mineros artesanales del país (se especula que llegan a ser alrededor de 48,000 mineros, es decir, menos del 10%).

A todas luces, estas cifras nos indican que hay una gran mayoría de mineros artesanales que desean seguir trabajando en la ilegalidad, y de paso aprovechar todo lo que se ha conseguido en sendas actas firmadas con funcionarios del MINEM, en las cuales queda claro que el gobierno retrocede frente a toda la normativa dada utilizando las facultades legislativas. ¿Desde cuándo las normas en el Perú se relativizan mediante Actas?

Como era de esperarse, se amplió el plazo por presión política (hasta el 27 de julio). Mientras tanto, la comercialización del oro se dará a los precios que impongan las “plantas de cianuración” (que recuperan hasta el 95% del contenido de oro en el material tratado) pues no se ha dado el nuevo procedimiento de compra-venta y la SUNAT no ha establecido cómo cobrarán impuestos a estas operaciones.

Para realmente enfrentar el problema, una vez culminado el padrón oficial lo que se debe hacer es que los mineros artesanales y los pequeños mineros, tengan contratos registrados con los dueños de la propiedad superficial además de contratos con quien tenga la concesión minera (contrato de explotación).

El material extraído debe ser tratado en plantas de beneficio acreditadas ante el MINEM (el tema de la extracción es una competencia regional pero la metalurgia no) que serían supervisadas por la OEFA. Las plantas de beneficio o “cianuración” deben comprar material a quienes tienen todos sus documentos en orden y ser agentes de retención de impuestos (detracción del 5% con efecto cancelatorio) con supervisión in situ de la SUNAT. El objetivo es desaparecer el uso generalizado de quimbaletes (mercurio) y de “plantas” de cianuración artesanales, fuentes principales de la contaminación que algún día tendremos que afrontar como país.


Miguel Santillana


Publicado en el diario El Comercio, 8 de julio de 2012.