A pesar de la desconfianza inicial generada por el discurso durante la campaña electoral y de la incertidumbre causada por la precariedad de la economía mundial, los resultados macroeconómicos del Perú durante el primer año de gobierno del presidente Humala son notables. En forma contraria a lo que se anticipaba, el manejo de la política económica no sufrió grandes cambios, y la inversión privada y el crecimiento económico no se desaceleraron producto de la elección presidencial. De hecho, la inversión privada en el primer trimestre del 2012 fue superior en casi 14% a la de similar periodo del 2011 y más de 30% respecto del primer trimestre del 2010. El año pasado crecimos en casi 7% y este año, a pesar de la desaceleración mundial y la caída en nuestros términos de intercambio, probablemente crezcamos en más de 5.5%.

En el primer año del presente gobierno, el Perú acumuló cerca de US$ 10,000 millones en reservas internacionales, el sector público continuó registrando importantes superávits fiscales y se disminuyó el peso relativo de la deuda pública, mientras que el manejo prudente de la política monetaria previno fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio, y evitó que el dinamismo de la demanda interna se traduzca en un incremento persistente de la inflación. El equipo económico nombrado por el Gobierno y los anuncios iniciales en materia de política económica contribuyeron a que se logre tempranamente una mejora en nuestra calificación crediticia y fortalecer la confianza de los inversionistas. El sol continuó fortaleciéndose y el índice de la BVL se recuperó desde julio del año pasado y, aún hoy, después del retroceso registrado en los últimos meses por motivos externos, se encuentra por encima del nivel alcanzado cuando Ollanta Humala fue elegido presidente.

Sin duda, el balance macroeconómico del primer año de gobierno es positivo. Pero, como dice el refrán, “no todo lo que brilla es oro” (aunque, tal vez, en las actuales circunstancias debería buscarme otro dicho…). De hecho, el balance “micro” no es tan bueno; la capacidad de gestión del Estado deja mucho que desear, a tal punto que los resultados fiscales reseñados no solo reflejan un compromiso con la disciplina fiscal, sino también la incapacidad de ejecución de los diferentes niveles de gobierno. La rotación de altos funcionarios es preocupante y, a pesar de haber subido los topes salariales, el Estado no logra atraer a un gran número de profesionales capacitados y con experiencia en gestión.

Tener un marco de política macroeconómica coherente con el crecimiento con inclusión, como el que ha adoptado el Gobierno, es una condición necesaria para cumplir con las principales promesas de campaña, pero no es suficiente. Resulta indispensable mejorar la calidad de la gestión pública y de los funcionarios estatales, a todo nivel. Este es el meollo de la reforma del Estado de la que tanto se habla y que resulta crucial, pues permitiría que el accionar del sector público complemente y fortalezca la inversión privada y el crecimiento de la economía, en vez de entorpecerlos. Asimismo, es necesario revisar algunas de las iniciativas que podrían entorpecer el funcionamiento del mercado laboral (haciéndolo más rígido y generando menos empleo) y ser más agresivos en la modernización de nuestra educación pública. Recordemos que empleo y educación son las bases de la inclusión.

El Gobierno ha demostrado con sus actos que está buscando mantener un delicado equilibrio entre el respeto por sus electores (es decir, por sus promesas) y las restricciones impuestas por la realidad del mercado y por el marco legal vigente. El nuevo gravamen a la minería, la aprobación de la ley de consulta previa, el incremento de la RMV, el lanzamiento del Midis y de nuevos programas sociales, junto políticas coherentes con la estabilidad macroeconómica, el respeto de las obligaciones asumidas por el Estado y la promoción de la inversión pública, ejemplifican este esfuerzo en ambos frentes. Sin embargo, lo difícil que es y que será mantener este delicado equilibrio.

Sin duda, durante el primer año del actual gobierno hemos presenciado la gran transformación, pero sí la gran transformación en el discurso de Ollanta Humala. Lejos de constituir una traición a su electorado, este cambio resultaba indispensable para que el presidente no terminase defraudando a aquel; para que pudiese alcanzar el objetivo principal de su campaña electoral: crecimiento con inclusión. Pues sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no puede haber inclusión. Perseverar en el camino iniciado, continuar esforzándose por mantener un equilibrio entre la promoción de la inversión y las demandas sociales y luchar contra la corrupción y la mediocridad permitirá que el país continúe avanzando en este largo camino que implica el desarrollo.


Carlos E. Paredes


Publicado en diario Gestión, 26 de julio de 2012