El jueves 7 de mayo, luego de una presentación de menos de 10 minutos de la congresista Rosa Florián Cerrón (Unidad Nacional), presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, se sometió a votación del pleno -sin debate alguno- un proyecto que modifica la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y que encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la formulación del Plan Nacional de Regionalización en el plazo de 120 días.

Los 77 congresistas presentes votaron a favor. No hubo abstenciones ni votos en contra. Para los políticos era un hecho que no se podía hacer el referéndum de acuerdo a ley en octubre. A ninguno le conviene. Y aun cuando para la mayoría de la población esta noticia pudiera no tener mayor importancia, lo cierto es que sus consecuencias son muy relevantes.

El Plan de Regionalización se establece como la herramienta que debe orientar este proceso, pero lo curioso es que se quiere elaborarla seis años después de que la descentralización está en marcha. Las modificaciones a las leyes mencionadas eliminan la convocatoria a referéndum para la creación de regiones este año y en el 2013, pero mantienen este mecanismo a solicitud de las Juntas de Coordinación Interregional (sin fecha establecida). Esto responde a una transacción política que desnaturaliza las leyes que gobiernan el proceso de descentralización y está en contra de la modernización del Estado que propugna este gobierno.

Pilotos fantasmas

Se dijo que había una prueba piloto de la unión de los departamentos de San Martín y Amazonas; pero en la práctica no hay nada. Luego se habló de la unión de Ucayali, Huánuco, Pasco y Áncash. Otra vez puro aire. Ninguna de las dos propuestas tiene un expediente técnico como manda la ley y sólo existen declaraciones. 

En la práctica, lo que se está aprobando es la “departamentalización” del proceso, es decir, se están validando los 26 feudos existentes. Me explico: al cierre del CND la Secretaría de Descentralización adelantó el calendario de  transferencias que iba hasta el 2014, el cual presuponía que se crearían las verdaderas regiones (la unión de dos o más departamentos) en el ínterin. Resulta que a marzo del 2008 se transfirieron el 95% de las funciones, programas y proyectos a los gobiernos regionales (GR) que administran los departamentos. En estos momentos se tiene la paradoja que en los GR hay funcionarios que no pueden ejercer su función porque no tienen los recursos para ejercerla (no ha habido transferencia de recursos); y en el gobierno central hay funcionarios que no deberían tener función alguna que siguen cobrando de la planilla del Estado. ¿Esto es la modernización del Estado prometida?

Duplicidad y “departamentalización”

Lo que se ha hecho es crear la burocracia regional sin haber reducido o redistribuido la burocracia del gobierno central (¿despidos?). Por ello tendremos 26 direcciones generales de salud, de educación, etcétera, y sus respectivos empleados públicos que se sumarán al personal de los ministerios ya existentes.

¿Cree usted, lector, que una vez que se hayan consolidado las 26 burocracias regionales, estás se negarán a sí mismas para conformar las seis u ocho regiones que necesitamos?

Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, en el Capítulo II, artículo 27, se establece que se asignará a las regiones el 50% de la recaudación en su circunscripción de los siguientes tributos: a) impuesto general las Ventas (sin comprender el impuesto de promoción municipal), b) impuesto selectivo al consumo y c) impuesto a la renta de las personas naturales, correspondientes a rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría.  

Los actuales GR pueden aducir que al haber asumido las funciones, programas y proyectos, y no hay un proceso de referéndum futuro con fecha conocida, les corresponde recibir estas transferencias. Es en esa dirección que se entiende la reciente propuesta de coparticipación tributaria hecha por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que además incluye las transferencias por canon y regalías. Si se “departamentaliza” el proceso y encima se hace una descentralización fiscal como proponen; ¿alguien cree que luego aceptarán conformar verdaderas regiones?

En lo que se debe concentrar el Congreso, en vez de desvirtuar el proceso,  es en compatibles a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y La Ley Orgánica de Municipalidades, porque hay artículos que se contraponen,  responsabilidades que quedan en el limbo o se les otorga a  ambas instituciones la potestad de hacer y regular. Hasta el día de hoy el Congreso no ha enmendado estos enredos. Ni siquiera está en su agenda hacerlo.

Miguel Santillana

Publicado en Semana Económica, 10 de mayo de 2009